Un contundente informe de la Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó excepciones no contempladas en la ley en procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos.
Según el organismo fiscalizador, los requisitos establecidos por la legislación vigente fueron modificados mediante instrucciones internas sin atribuciones legales, configurando una “evidente vulneración” de la normativa.
Además, se detectaron graves falencias de coordinación entre instituciones, problemas en el control y seguimiento de menores de edad, y se anunciaron sumarios para establecer responsabilidades administrativas.




