Por analizamaule
● La ex Ministra y actual jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, plantea que el país debe avanzar hacia una política farmacéutica centrada en la experiencia de los pacientes. La académica advierte que contar con medicamentos registrados o financiados no es suficiente si las personas enfrentan barreras para acceder a ellos de manera oportuna y sin comprometer la economía familiar.
Chile ha logrado avances importantes durante los últimos años en materia de cobertura, financiamiento y regulación de medicamentos. Sin embargo, para muchos pacientes todavía existe una brecha entre contar formalmente con un tratamiento y poder acceder efectivamente a él.
Para la Dra. Karla Rubilar Barahona, ex Ministra y actual jefa del Departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, el desafío está precisamente en reducir esa distancia y poner la experiencia de las personas en el centro de las decisiones de política pública.
“Un medicamento puede estar registrado y financiado y, aun así, el paciente no saber dónde obtenerlo, enfrentar meses de trámites o terminar pagándolo de su bolsillo”, advierte Rubilar.
A juicio de la académica, Chile necesita cambiar la manera en que evalúa el funcionamiento de su política farmacéutica. Más allá de indicadores como el número de medicamentos registrados, las coberturas disponibles o las unidades entregadas, el sistema debería ser capaz de determinar si las soluciones están llegando efectivamente a quienes las necesitan.
El impacto de los medicamentos en el presupuesto familiar
Uno de los aspectos que Rubilar considera necesario incorporar con mayor fuerza en la discusión es el impacto económico que puede representar un tratamiento permanente. El nivel de ingresos de una familia no necesariamente refleja su capacidad real para financiar medicamentos de manera sostenida, especialmente frente a enfermedades que requieren tratamientos prolongados.
“Necesitamos reconocer que el gasto permanente en medicamentos puede volver económicamente vulnerable a una familia, incluso cuando sus ingresos sugieran lo contrario”, sostiene.
Desde esta perspectiva, el acceso a medicamentos no sólo constituye un problema sanitario, sino también una dimensión de protección financiera. Para Rubilar, una reforma debería considerar el impacto real que el costo de los tratamientos tiene sobre el presupuesto de los hogares.
Una puerta única para orientar a los pacientes
Otro de los problemas identificados es la fragmentación de la información. Actualmente, un paciente puede enfrentarse a distintas instituciones, coberturas y procedimientos antes de determinar si su medicamento está financiado, dónde debe solicitarlo o cuánto deberá pagar.
Frente a esta situación, Rubilar propone avanzar hacia una puerta única de acceso a la información, que permita a las personas conocer de manera sencilla el recorrido que deben seguir.
“Necesitamos una puerta única que permita saber si un medicamento está cubierto, dónde obtenerlo, cuál es el copago y qué hacer cuando el sistema no responde”, explica.
La propuesta apunta a reducir la incertidumbre y los tiempos administrativos que pueden convertirse en una barrera adicional para personas que ya se encuentran enfrentando una enfermedad.
Modernizar el sistema y aumentar la transparencia
La ex Ministra Vocera de Gobierno y también ex Ministra de Desarrollo Social y Familia plantea, además, una serie de áreas en las que sería necesario avanzar. Entre ellas se encuentra la modernización del recetario magistral para responder de mejor manera a necesidades clínicas específicas y una lógica de financiamiento que privilegie el valor terapéutico de los medicamentos por sobre el sobreprecio asociado a determinadas marcas.
A ello se suma la necesidad de combinar el rigor regulatorio del Instituto de Salud Pública (ISP) con procesos cuyos plazos sean conocidos y oportunos, junto con avanzar hacia herramientas que entreguen mayor información a pacientes y profesionales.
“Debemos modernizar el recetario magistral para responder a necesidades clínicas reales; financiar el valor terapéutico y no el sobreprecio de una marca; exigir al ISP rigor, pero también plazos transparentes y oportunos; y avanzar hacia un observatorio que permita comparar precios y alternativas equivalentes”, señala Rubilar.
Un observatorio de estas características podría contribuir a disminuir las asimetrías de información y facilitar la comparación entre medicamentos, precios y alternativas terapéuticas equivalentes.
Poner al paciente en el centro de la política farmacéutica
Para Rubilar, el cambio de enfoque implica pasar de una evaluación centrada principalmente en los procesos del sistema a otra que considere el resultado concreto que experimentan las personas.
La académica resume este principio en una pregunta que, a su juicio, debería orientar cualquier futura reforma:
“¿El paciente recibió el medicamento que necesitaba, cuando lo necesitaba y sin poner en riesgo económico a su familia?”
Responder esa pregunta supone observar toda la trayectoria del paciente: desde que recibe una indicación médica hasta que finalmente obtiene su tratamiento, incluyendo cobertura, disponibilidad, información, tiempos de espera y desembolso económico.
“Una política farmacéutica no puede medirse únicamente por medicamentos registrados, coberturas o cajas entregadas. Su verdadera medida está en las personas. Cuando el tratamiento existe, pero no llega al paciente, el sistema todavía no ha cumplido”, concluyó la Dra. Karla Rubilar Barahona.
