El 19 de septiembre de 2025, el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, fue sorprendido conduciendo un vehículo municipal en estado de ebriedad en el sector de La Huerta, comuna de Hualañé. Según los antecedentes publicados, registró 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre y fue formalizado por conducción en estado de ebriedad. En diciembre de ese año, Contraloría resolvió ordenar su destitución tras investigar el uso del vehículo fiscal según el Diario Financiero.
En esa oportunidad, la prueba de Alcotest marcó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando el límite legal, por lo que la Contraloría determinó aplicar la medida disciplinaria de destitución por infringir las normas de uso de vehículos estatales. Más tarde una apelación revirtió la medida u todo quedó en manos de los Tribunales Electorales y de Elecciones.
¿Impunidad?
A un año de los hechos, vecinos de Vichuquén piden a los concejales y a las autoridades competentes una explicación pública: ¿quedó firme la destitución ordenada por Contraloría o fue impugnada? ¿En qué terminó la causa penal? La orden de destitución fue informada públicamente, pero no hay claridad respecto a una resolución posterior que permita establecer su resultado definitivo. La comunidad merece conocer qué ocurrió con ambos procedimientos.
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