Por analizamaule
A medida que los incentivos comiencen a operar, comenzarán a dividir a la coalición del Presidente Boric entre quienes defienden el acuerdo, porque es lo que había, y quienes lo critiquen, porque es insuficiente. Esta tensión ya se observa, por ejemplo, en el Partido Comunista, que parece estar dividido entre el sector “oficialista” de la mesa que participó en las negociaciones y el sector “opositor” que cree que el acuerdo es una burla para todos aquellos que han luchado para forzar transformaciones estructurales.
El acuerdo constitucional permite reinsertar al país en una senda hacia la estabilidad. En buena hora, reduce la incertidumbre que inevitablemente traía la naturaleza de estar en el limbo y le permite al gobierno empezar a enfocarse en lo que hasta ahora ha omitido: las urgencias cotidianas de las personas.
El acuerdo es positivo para todos aquellos que siguen pensando que Chile necesita una nueva Constitución pero que la que ofrecieron los constituyentes en septiembre pasado era (por lo bajo) inadecuado. El acuerdo también es positivo para todos aquellos que creen que debe haber cambios pero que esos cambios no pueden ser a costo de la estabilidad política y económica conseguida en los vilipendiados 30 años.
Para entender lo que significa el acuerdo hay que mirar los incentivos de las reglas electorales y las regulaciones legislativas propuestas. Y en eso, es casi chocante observar la distancia polar entre el primer acuerdo (noviembre de 2020) y el segundo (diciembre de 2022). Mientras que el primero estuvo hecho al calor de las brasas de una sociedad agitada por la violencia del estallido social, el segundo se hizo en paz, con reflexión, y con el estrepitoso fracaso del primer proceso constitucional en el espejo retrovisor.
Si las reglas electorales del primer proceso tenían incentivos centrífugos que conducían a la fragmentación y radicalización, las reglas electorales del segundo proceso tienen incentivos centrípetos que conducen a la moderación. Esto está dado principalmente por la reducción en el número de escaños totales, la reducción en el número de miembros que se elegirá en cada distrito, y la eliminación de provisiones especiales para pueblos originarios e independientes.
