Resulta un ejercicio doloroso constatar, en el Día de la Educación, el estado actual de la educación pública en Chile. Junto con indicadores económicos como el PIB, la calidad del sistema educativo es una de las principales formas de medir el desarrollo de un país. En ese ámbito, Chile arrastra hoy una de sus deudas más profundas.
Los datos son claros. La educación pública ha retrocedido en pruebas internacionales como PISA, muestra resultados preocupantes en el SIMCE y, recientemente, los resultados de la PAES volvieron a encender las alarmas. Las oportunidades de acceder a las carreras universitarias más prestigiosas se concentran cada vez más en colegios particulares y particulares subvencionados, mientras el espacio de la educación pública se reduce sostenidamente.
Las causas de este deterioro son múltiples, pero pueden identificarse cuatro ejes centrales. El primero es la pérdida de una formación cívica sólida, clave para la vida democrática. El segundo es la eliminación del mérito académico, reemplazado por un sistema de asignación aleatoria —la llamada tómbola— que ha generado incertidumbre y desincentivo al esfuerzo. El tercero es el grave deterioro de la convivencia escolar, reflejado en el aumento de la violencia en los establecimientos. El cuarto es el empobrecimiento curricular, que ha relegado aprendizajes fundamentales, especialmente en lenguaje y matemáticas.
Este escenario no es responsabilidad de profesores ni asistentes de la educación, muchos de los cuales realizan una labor sacrificada y comprometida. El problema radica en políticas públicas mal diseñadas, impulsadas desde un igualitarismo ideológico que ha debilitado la autoridad escolar, relativizado el mérito y empobrecido los contenidos.
La eliminación de la educación cívica durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el reemplazo de la selección académica por la tómbola, la desarticulación de figuras de autoridad en los establecimientos y la degradación del currículo han tenido consecuencias profundas y visibles. En lugar de mejorar la educación pública, estas reformas terminaron igualándola hacia abajo y ampliando la brecha con los colegios privados.
No son buenos tiempos para la educación pública chilena. Sin embargo, el escenario político que se abre ofrece una oportunidad para corregir el rumbo. Recuperar el mérito, la autoridad y los contenidos fundamentales no es retroceder, sino volver a poner a la educación pública al servicio del esfuerzo, la excelencia y las oportunidades reales para las futuras generaciones.
Bernardo Fontaine.




