Por analizamaule
El parlamentario Benjamín Moreno, junto a su par, Juan Irarrázaval, solicitaron a la Contraloría que investigue a la Dirección del Trabajo y establezca las sanciones que corresponda para quienes resulten responsables de la licitación pública para la impresión de 2.500 ejemplares, pese a que a la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023 lo prohíbe.
Los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno y Juan Irarrázaval, denunciaron a la Dirección del Trabajo ante la Contraloría General de la República por autorizar y convocar a una licitación pública para la impresión de 2.500 libros sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en el mundo del trabajo, pese a estar prohibido en la Ley nº 21.516 de Presupuestos del año 2023.
De acuerdo a los antecedentes entregados por los parlamentarios republicanos, la Dirección del Trabajo habría cometido graves irregularidades en el llamado a licitación que realizó el pasado 10 de julio, para imprimir 2.500 ejemplares, de 120 páginas cada uno, y que deberían ser entregados en cajas al interior de sus dependencias. Según el escrito presentado ante el órgano controlador, “de acuerdo a la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023, se establece que los organismos públicos sólo podrán editar memorias y otras publicaciones, por medios electrónicos, salvo que la ley que los regule [a dichos organismos públicos] indique expresamente que se deben publicar en medios impresos”.
En los antecedentes entregados, los diputados argumentaron que “el llamado a licitación pública y el servicio contratado referido a la impresión de 2.500 libros para la conmemoración de los 50 años del golpe del Estado en el mundo del trabajo, efectuado por la Dirección del Trabajo, infringe la Ley de Presupuestos del año 2023, además del principio de juridicidad, y el de legalidad del gasto público, pues vulnera las disposiciones a las cuales deben sujetarse y cumplir todos los órganos de la Administración Pública, incluyendo -ciertamente- a la Dirección del Trabajo”.
“La impresión de estos 2.500 ejemplares es una prueba más de que para este Gobierno la ideología está por sobre la agenda país y por sobre las reales necesidades de los chilenos. La irresponsabilidad en el gasto fiscal afecta directamente a quienes más lo necesitan y este Gobierno no termina de entenderlo. La Dirección del Trabajo mediante esta licitación infringe la Ley por lo que esta licitación debe quedar sin efecto y por su parte la Contraloría debe investigar y establecer las responsabilidades administrativas, si corresponden”, aseguró el diputado Benjamín Moreno.
Según explicó el parlamentario Juan Irarrázaval, “es inentendible que este Gobierno persista en subir los impuestos, si hoy vemos que se están usando platas de todos los chilenos para fines ideológicos y que no tienen absolutamente ninguna utilidad para el país. Cuando Chile está clamando por el buen uso de los recursos públicos y habiendo tanta necesidad, ahora se dan el lujo en malgastar dinero en impresiones de libros que está prohibido por la ley, ley que por lo demás fue elaborada por este mismo Gobierno. Hoy Chile no tolera más a un gobierno que actúe fuera de la legalidad”.
Irarrázaval agregó que “para nosotros no sólo es importante que dichos recursos se usen bien, sino que lo mínimo es que se gasten de manera legal, por lo que esperamos que la Contraloría vele por esto también y tome las medidas que corresponden para que quede sin efecto esta licitación pública que sólo busca tener un fin propagandístico, como así también se establezcan las sanciones respectivas. Esto parece ser una práctica habitual en esta administración, ya que el año pasado por semejante motivo tuvimos que presentar una querella criminal contra la Segpres, a cargo de Giorgio Jackson por la impresión de textos de proyectos constitucionales que ascendieron casi a 600 millones de pesos, que finalmente se botaron a la basura”.
