Por Por “cirugía express” de la madre de la Ministra Aguilera:
- La denuncia, interpuesta en la Fiscalía de Providencia por el exalcalde y exdiputado Gustavo Hasbún, está dirigida en contra de todos quienes resulten responsables. “Ningún parlamentario de oposición fiscalizó y actuó en defensa de las miles de personas que están en lista de espera. Estoy cumpliendo con el trabajo que ellos no hicieron”, comentó la ex autoridad.
Santiago, enero de 2026.
Ante los graves antecedentes conocidos públicamente en los últimos días respecto del funcionamiento del sistema de urgencias del Hospital del Salvador, este lunes el ex alcalde Gustavo Hasbún presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Providencia por eventuales delitos de tráfico de influencias y cohecho agravado, vinculados a la atención preferente otorgada a la madre de la ministra de Salud.
Según lo expuesto en la denuncia, el 23 de diciembre de 2025 la madre de la ministra Ximena Aguilera fue intervenida quirúrgicamente con prioridad administrativa, pese a que existían al menos once personas con diagnóstico igual o similar que se encontraban esperando atención con anterioridad, así como otros pacientes en condición crítica que vieron retrasadas sus intervenciones.
Entre los antecedentes más relevantes, consta la postergación de una cirugía prioritaria —correspondiente a un paciente laparostomizado— cuya intervención fue retrasada específicamente para dar curso a la operación mencionada, persona que posteriormente falleció. En los registros clínicos se deja constancia expresa de una “prioridad administrativa”, concepto que no corresponde a criterios estrictamente médicos.
La denuncia sostiene que, de confirmarse estos hechos, se estaría frente a una alteración indebida de los protocolos de atención, en perjuicio de otros pacientes, y eventualmente motivada por la posición jerárquica de una autoridad pública respecto del establecimiento hospitalario involucrado.
Asimismo, se solicita al Ministerio Público la realización de diligencias investigativas amplias, incluyendo el levantamiento de antecedentes administrativos, médicos y comunicacionales, con el objetivo de esclarecer si existió presión, influencia indebida o beneficios asociados a la toma de decisiones internas del hospital.
Se pide que el fiscal a cargo de la investigación solicite al Juzgado de Garantía competente para que autorice la incautación de los celulares, computadores y demás instrumentos de comunicación de la ministra de Salud y del director del Hospital del Salvador, con la finalidad de identificar cualquier comunicación que pudiera haberse sostenido entre ellos respecto de los hechos mencionados.
La denuncia recalca que este caso reviste especial gravedad institucional, pues involucra principios esenciales de la función pública, como la probidad administrativa, la igualdad ante el acceso a la salud y la confianza ciudadana en el sistema.
Se espera que la investigación permita esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar que ninguna persona —independiente de su posición o vínculos— reciba un trato preferente en desmedro de otros pacientes dentro de la red pública de salud.
“Ningún parlamentario de oposición fiscalizó y actuó en defensa de las miles de personas que están en lista de espera. Estoy cumpliendo con el trabajo que ellos no hicieron”, argumentó Gustavo Hasbún.
