Por analizamaule
Lamentablemente, Santiago Centro, representativo del estado de la nación, es un buen indicador de lo que viene. Si el gobierno no toma cartas en el asunto y se rebela contra su propia complacencia, su legado terminará siendo el mismo que el legado del estallido social y el de la alcaldesa Irací Hassler.
Santiago Centro no siempre fue lo que es hoy. Hace solo un par de años era un lugar agradable para vivir y visitar. Hace un poco más, era la joya de la corona, con su especial mezcla de edificios coloniales, arquitectura neoclásica y la vanguardia de rascacielos setenteros y ochenteros. En los noventa y dos mil era, bajo el estándar de cualquier capital moderna, un lugar seguro. Con delincuencia, claro, pero restringido a ciertos sectores que, dentro del contexto urbano más amplio, era vigilado y limitado.
Hoy, como dijo la secretaria general de la Cámara Nacional del Comercio, es el Far West. El comercio ambulante, desregulado e ilegal abunda, los niveles de insalubridad saturan e intoxican y la delincuencia tiene a los habitantes de la comuna encerrados de miedo. Empresas que antes prosperaban han debido a cerrar por insolvencia y propietarios que han vivido toda vida allí se han debido mudar por inseguridad. El balance económico y social de la comuna es negativo y no hay razones para creer que la tendencia se revertirá en el corto plazo.
Lo peor de todo es que era predecible. Ya a fines de 2019 se sabía que la comuna iba a empeorar si es que no se tomaban acciones inmediatas. Y así fue. El estallido social solo sirvió para que lo malo se tornara peor. El movimiento que tantas personas inocentemente identificaran como un movimiento inocuo, al final solo trajo destrozos, desmanes y delincuencia. Basta dar un paseo por las inmediaciones de Plaza Baquedano, el lugar donde todo comenzó, para observar que el legado de la violencia es baldío.
El origen del descalabro está bien documentado en el debate que se levantó tras la toma ilegal de la Plaza Baquedano. En ese debate, por una parte, estuvieron los que defendieron a la primera línea y su entorno porque podría traer “beneficios” a corto plazo (como hacer caer al gobierno o forzar un proceso constituyente en su defecto), y, por otra parte, estuvieron los que argumentaron que, si bien era correcto que podrían haber “beneficios” de corto plazo para algunos, era inevitable que a la larga los “costos” serían sustancialmente más altos y para todos.
El argumento central del segundo grupo era sencillo: si la autoridad democráticamente elegida no respetaba (y no obligaba a respetar) las normas que ellas mismas redactaban, nadie lo haría.
Aun así, los primeros decidieron hacerlo igual, bajo la impresión de que cualquier ganancia de corto plazo sería para ellos. Con eso, le rindieron pleitesía a una línea completa de encapuchados: invitándoles a ocupar espacios públicos (como “Plaza Dignidad”), abriéndole las puertas de instituciones públicas formales (como cuando le dieron la bienvenida de “Héroes” en el ex Congreso Nacional) e incluso adoptando su simbología para hacer campañas electorales (no son pocos los que se pasearon con la polera del “Perro Matapacos”).
Y al final, tenían razón: los beneficios de corto plazo fueron para ellos: ganaron todas las elecciones que siguieron; entre las más importantes, la de Irací Hassler (del Partido Comunista) como alcaldesa en Santiago Centro y de Gabriel Boric (del Frente Amplio) como Presidente. Pero, ahora sabemos, los segundos también tuvieron razón: hoy es claro que los costos de la complacencia fueron y serán mayores a cualquier beneficio que se pudo haber obtenido a nivel electoral.
La línea blanda de Boric contra la violencia en el estallido social, y después contra la delincuencia en su campaña y en los primeros meses de su gobierno, solo sirvieron para profundizar el problema. En vez de llegar a hacerse cargo de la delincuencia desbordada, se ocupó más en empujar el proceso constitucional. En vez de empoderar a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo del problema, indultó a los presos del estallido. En vez de nominar a un candidato de consenso para liderar la Fiscalía, se ha dedicado a hacer gallitos políticos con el Senado.
Pero el mejor ejemplo del costo de largo plazo del estallido social es lo que ocurre en Santiago Centro, el “premio” que se le dio a Hassler por apoyar institucional y personalmente la idea de dignidad propuesta por la primera línea. Pues, es allí, en el Centro, donde se pueden observar todos los costos de la indolencia. Si los estudios en marzo de 2019 mostraban que el eje Ahumada-Puente era el más caro de Latinoamérica, los estudios en diciembre de 2022 muestran que cerca de un 70% de los locales comerciales está en arriendo o vacío.
