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Los dos nudos de la Reforma Previsional que anticipan otro conflicto político para el Gobierno

El destino del 6% adicional y la gestión de los fondos de pensiones son los dos grandes temas que distancian la esperada propuesta del Ejecutivo de los bloques opositores. La iniciativa entraría a trámite legislativo en noviembre.

Hito. La Reforma Previsional es uno de los proyectos más importantes del programa del Gobierno de Gabriel Boric. Durante semanas, los ministros del Trabajo (Jeannette Jara) y de Hacienda (Mario Marcel) aseguraron que el proyecto sería presentado en agosto. No ocurrió.

El agitado ambiente del Plebiscito de Salida y la falta de un trabajo prelegislativo llevaron al Gobierno a retroceder en su compromiso inicial para levantar, ahora último, otra fecha: noviembre.

“El Plebiscito cambió el estado de ánimo del país, pero no la composición del Parlamento. No hay razón para que el Gobierno se demore más”, dice a Ex-Ante el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga (DC).

A su juicio, existen dos nudos centrales de la discusión: el destino del 6% adicional de cotización y quién administra el conjunto de recursos previsionales.

 

Nudo 1: 6% adicional. En forma gradual, los empleadores pagarán un 6% adicional al 10% de cotización que ya financian los trabajadores. En el diseño que el Gobierno ha socializado con los parlamentarios, esos recursos van a parar en forma íntegra a un nuevo fondo de ahorro colectivo.

 

Para la derecha, ese 6% debe irse íntegro a las cuentas individuales de las personas. “El Gobierno insiste con sistema de reparto con el 6%, eso es un error enorme”, dice el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien este jueves además visitó con un grupo de parlamentarios del sector al subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Tal como adelantó Chile Vamos, Republicanos y el Partido de la Gente (PDG) conformaron un bloque. Exigen un destino individual al 6%. En general desde la derecha consideran que es la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada con impuestos generales, la que proporciona “solidaridad” al sistema.

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