Por analizamaule
Municipalidad de Curicó cumple con fallo judicial y realiza pago a trabajador despedido durante la administración anterior
En un acto de cumplimiento legal y responsabilidad institucional, la Municipalidad de Curicó ha procedido a realizar el pago correspondiente al trabajador José Santos Lueiza Peñaloza, quien fue despedido bajo la administración del exalcalde Hugo Rey Martínez. Este pago surge como resultado de un fallo judicial emitido en enero de 2010, que condenó a la empresa PRONTEC LIMITADA, contratada por la municipalidad para prestar servicios de instalación de alarmas comunitarias, y de forma subsidiaria al municipio, al pago de remuneraciones y demás prestaciones derivadas del contrato de trabajo del mencionado trabajador.
El Director Jurídico de la Municipalidad de Curicó, Juan Barrera, explicó que el juicio laboral se inició en 2009 tras la desvinculación del trabajador por parte de la empresa PRONTEC. La sentencia, dictada el 4 de enero de 2010, estableció la obligación de la empresa y, en forma subsidiaria, del municipio, de pagar las remuneraciones y prestaciones devengadas desde la fecha de despido por un total de 261.360 pesos, el 17 de octubre de 2009, hasta el completo pago de las cotizaciones de seguridad social o hasta la convalidación del despido.
“En su momento la empresa PRONTEC realizó un pago en el tribunal pero no se pagaron las cotizaciones previsionales y por lo tanto ese pago no tuvo el efecto de generar el término de la relación laboral y en definitiva transcurrió el tiempo y del año 2010 este juicio estuvo paralizado hasta el año 2021, fecha año en el cual como municipalidad fuimos notificados de una liquidación en donde se establecía ya que la deuda era una suma bastante cuantiosa producto de que el municipio en esa época no había convalidado el despido. En definitiva la municipalidad se vio en la obligación de tener que dar cumplimiento a este fallo judicial toda vez que, como lo he señalado, la sentencia condenatoria emana de enero del año 2010 y en consecuencia no existía ninguna alternativa legal que a esta altura, es decir el año 2021, nos permitiera revertir la situación ya que en relación con la materia ya se había producido el efecto de cosa juzgada en relación al fondo del asunto discutido y por lo tanto sólo correspondía pagar. Desde esa perspectiva el municipio ha hecho lo que en derecho corresponde que es dar cumplimiento a una resolución del tribunal y que como lo reitero obedece a un juicio que estaba en cuanto al fondo oleado y sacramentado ya desde el año 2010”, comentó.
A pesar de un pago parcial realizado por PRONTEC en el tribunal, las cotizaciones previsionales no fueron canceladas, lo que mantuvo vigente la relación laboral. El caso estuvo paralizado desde 2010 hasta 2021, cuando la municipalidad fue notificada de una deuda significativa debido a la falta de convalidación del despido por parte del municipio en ese momento.
Barrera destacó que la obligación de pago recae en la municipalidad según la ley de subcontratación, dado que esta contrató los servicios de PRONTEC. Ante la falta de respuesta de la empresa y la inexistencia de bienes para responder por la deuda, la responsabilidad recae en la entidad principal, en este caso, la municipalidad.
“El municipio se ha hecho cargo de esta deuda porque legalmente le corresponde en virtud de la ley de subcontracción porque la municipalidad en su momentocontrató a la empresa PRONTEC y por lo tanto cualquier conflicto con los trabajadores hace responsable también a quien encarga la ejecución de los trabajos y en este caso era el municipio, como de igual modo a la empresa. Como la empresa PRONTEC en relación a estas diferencias, digamos, de montos por concepto de remuneraciones que se fueron acumulando durante estos 11 años, no respondió, no se acreditó tampoco la existencia de bienes por parte de ellos, claro, en esos casos la ley establece que quien debe asumir la responsabilidad del pago es la empresa principal y en este caso correspondía a la industria municipalidad por haber sido condenada el año 2010 en forma subsidiaria al pago de todas estas prestaciones”, precisó.
El pago por un total de 107.175.056 pesos se efectuó el 28 de marzo de 2024, dando cumplimiento a la sentencia judicial y finalizando así una situación que se arrastraba desde hace más de una década. La municipalidad asumió su responsabilidad legal y se ha hecho cargo de la deuda, cumpliendo con lo establecido en la ley y cerrando este capítulo legal.
