Por analizamaule
Un reportaje de radio Bío-Bío mostró que más de 60 solicitudes administrativas para exceptuar a funcionarios públicos del tope de sueldo determinado por el Presidente Gabriel Boric fueron aceptadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
La crítica se basa en un compromiso presidencial: “Una vez llegados a La Moneda, vamos a reducir el sueldo de las altas autoridades del Estado y de asesores de confianza a no más de 10 veces el sueldo mínimo que, esperamos en nuestro gobierno, subir a $500 mil”, dijo Boric como candidato el 29 de noviembre de 2021.
El asunto fue comentado en el Comité Político de La Moneda el lunes y golpea un aspecto delicado del Ejecutivo, que ha buscado perfilarse como más austero que administraciones pasadas. Además, informaciones de este tipo desvían la atención de los logros que busca instalar el Gobierno ad portas del Plebiscito de Salida.
Ex-Ante solicitó al Ministerio de Hacienda –del cual depende la Dipres– el desglose por rango de sueldos. De acuerdo con las cifras, el 48% de las solicitudes a la Dipres es para un sueldo bajo los $ 4 millones brutos mensualizados.
En el caso de los sueldos mayores a $ 5,5 millones, hay 3 de Hacienda, 3 de Interior, 2 de Presidencia, 2 de Transportes y 1 de Salud.
El instructivo presidencial que determinó un tope de sueldos, fechado el 25 de marzo, había también establecido las causales para exceptuar ese límite. En su artículo 56 establece que se aplicará la exención “previa solicitud fundada de la respectiva autoridad y excepcionalmente, la Dipres (Dirección de Presupuesto) podrá autorizar la contratación de honorarios cuya renta mensual sea superior a los límites máximos señalados en los numerales precedentes (50), siempre que la experiencia laboral, las aptitudes de la persona y las características de la tarea que se le encomienden así lo justifiquen”.
En la excepción por experiencia, por ejemplo, se determinó una tabla que combinaba años de trabajo con calificaciones técnicas.
Además, Hacienda planteó que todas las excepciones deben pasar por verificación de auditoría de cada repartición solicitante y por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
