Doce parlamentarios firmaron requerimiento contra decreto supremo 125
del Ministerio del Interior, que establece reglas sobre petición de asilo
contenidas en la ley 20.430. “El Gobierno pretende crear trámites que no
han sido previstos por el legislador y que restringen este derecho en los
términos que establece la ley”, aseguraron Un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre restricciones al derecho de asilo en Chile, presentaron doce Senadores de Oposición, quienes
denunciaron que el decreto supremo 125 del Ministerio del Interior establece trámites no considerados por el Legislador en la ley 20.430 sobre Protección de Refugiados y que, en la práctica, restringen en Chile el ejercicio de este derecho.
El requerimiento fue firmado por los senadores Loreto Carvajal, Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, José Miguel Insulza, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro, Carlos Montes, Isabel Allende, Ricardo Lagos, Guido Girardi y la presidenta del Senado, Ximena Rincón.
Precisaron que si bien la Nueva Ley de Migraciones está en proceso de entrar en vigencia, no pueden olvidarse los cuestionamientos de legalidad y discriminación del reglamento que aplica la ley, al punto que el Gobierno debió retirarlo del trámite de Contraloría.
Ximena Rincón dijo que hay hechos puntuales que no pueden obviarse como el Decreto Supremo 125 del Ministerio del Interior, que modifica el DS 837 de 2011, que reglamenta la petición de asilo contenida en la Ley Nº 20.430 sobre Disposiciones para la Protección de Refugiados.
“A través de la comentada modificación, el Gobierno pretende crear trámites que no han sido previstos por el legislador y que, en definitiva, restringen el ejercicio del derecho a pedir asilo en nuestro país en los términos en los que lo establece la ley”, aseguró la legisladora.
En este sentido, explicó que la ley Nº 20.430 es clara al señalar en el artículo 27 que “los funcionarios de la Administración del Estado que tengan conocimiento de la presentación de una solicitud de asilo de un extranjero, deben ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica que asesora al Subsecretario del Interior en la materia”.
La legisladora dijo que los doce senadores de Oposición sostienen que el Presidente de la República hace un uso indebido de sus facultades al crear, mediante el artículo 37 bis del Decreto Supremo 125 un procedimiento que permite rechazar una petición de asilo prescindiendo de la entrevista individual a la persona interesada, que el artículo 40 del propio reglamento califica como un trámite esencial del procedimiento.
Cabe destacar que la Contraloría General de la República, en varios dictámenes, ha hecho presente la ilegalidad de los exámenes de admisibilidad que de forma sistemática vienen realizando los funcionarios de atención de público del Departamento de Extranjería y Migración en los últimos años, lo que -según los legisladores- el Gobierno pretende “institucionalizar” vía modificación de decreto supremo.
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